La Coalición Mundial Contra la Pena de Muerte ha entregado un documento en la oficina de la delegación de Beijing en Hong Kong, con la firma de 256.000 personas de 23 países diferentes, en el que pide al presidente chino, Hu Jintao, que conceda una moratoria a las ejecuciones antes de los Juegos Olímpicos.
La carta abierta emitida por esta coalición de organizaciones pro Derechos Humanos asegura que el 80% de las ejecuciones mundiales tuvieron lugar en China, "una situación que necesita mejorar, como parte del compromiso de albergar los Juegos Olímpicos este año y en línea con la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte".
"Un legado positivo de los Juegos Olímpicos sólo puede ser logrado cuando el récord mundial de ejecuciones producidas en China llegue a su fin", añade el escrito.
La Fundación Dui Hua, que defiende la liberación de presos políticos chinos, estima que entre 7.500 y 8.000 personas fueron ejecutadas durante 2006 en el país asiático, lo que le convierte en el que más ejecuciones se producen.
Sin embargo, las ONG reconocen que ha habido reformas jurídicas en respuesta a las protestas producidas después de una serie de destacadas y erróneas sentencias de muerte en los últimos años. En enero de 2007, el Tribunal Supremo recobró la potestad de tomar la última decisión sobre las sentencias de muerte, que había sido delegada a los tribunales provinciales en la década de 1980, lo que asegura una aplicación de la pena capital más rigurosa.
Reformas insuficientes
"Creemos que la revisión del Tribunal Supremo ha provocado también una reducción importante en el número de ejecuciones", asegura aseguró el investigador de Amnistía Internacional (AI) en China, Mark Allison, quien añade que este tribunal ha permitido la revisión de muchos casos, aunque no se puede establecer el impacto causado por esta reforma, ya que no hay cifras oficiales de condenados ni de ejecutados.
Según los medios estatales chinos, el Tribunal Supremo desestimó el 15% de los casos que revisó en 2007, mostrando los errores de procedimiento cometidos anteriormente.
En un informe reciente, AI aseguró que al menos 470 personas han sido ejecutadas y más de 1.860 habían sido sentenciados a muerte durante el último año en China, pero los datos continúan siendo un secreto de Estado.
Un portavoz del Ministerio de Exteriores dijo recientemente que China no tiene previsto paralizar la pena capital, que actualmente se aplica por más de 60 delitos, incluidos muchos no violentos y económicos.
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